Diversos países han adoptado paulatinamente estrategias de gestión de lo público, basadas en el llamado Nuevo Management Público (NMP) (Guerrero, 2004; Hood, 1991; Sisto, 2011). Este se caracteriza por demandar la incorporación de privados en la llamada “provisión de servicios públicos” (Shah, 2005), estrategias de flexibilización contractual y gestión de recursos humanos propias del campo privado, y la instalación de sistemas de gestión y control a través de indicadores y estándares de cobertura, desempeño y resultado, vinculando a esto el financiamiento (Shah, 2005; Sisto, 2017). Esto promovería competencia entre proveedores, mejorando con ello la calidad del servicio público (Osborne, 1993). Sin embargo, diversos cuestionamientos han surgido respecto a la pertinencia de estos modelos en ámbitos críticos de la acción pública, entre ellos, las políticas de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes (NNA); espacios en los cuales precisamente son las/os trabajadoras/es quienes tienen que responder, desde su acción, a las brechas que se producen entre lo que los instrumentos de la política mandatan como “provisión de servicio” y lo que efectivamente juzgan que hay que hacer, desde su experticia y ética profesional (Banks et al., 2014; Kinder y Stenvall, 2021; Weinberg y Banks, 2019).

Chile ha sido considerado un caso emblemático de implementación de este tipo de políticas, incluso en áreas críticas como infancia (Connell et al., 2009; Guglielmetti y Schöngut-Grollmus, 2019; Pavez, 2021). En este contexto, en este artículo presentamos los resultados de un análisis acerca de cómo las/os trabajadoras/es construyen el sentido del trabajo público en infancia, mostrando las tensiones que emergen en su relación con la política y sus instrumentos, así como las prácticas que despliegan para dar cumplimiento a este sentido del trabajo público. En una primera parte, abordamos cómo el Nuevo Managament Público se ha materializado en políticas de protección a la infancia en Chile, dialogando con otras investigaciones acerca de los efectos de éstas en el trabajo mismo. Esto permite enmarcar el estudio cuyos resultados aquí se presentan.

A partir de la década de los 80, el NMP comienza a instalarse como modelo de gestión de la acción pública, promovido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales y think tanks globales (Francesco y Guaschino, 2020; Hood y Dixon, 2015; Lapuente y Van de Walle, 2020). Sus impulsores buscaban incorporar a privados no solo con el objetivo de aumentar la eficacia y eficiencia del Estado, sino que también con el horizonte de promover la aparición de nuevos mercados de proveedores de servicios públicos, generar competencia para garantizar la calidad y eventualmente reemplazar a los agentes públicos en la provisión de servicios (Levy, 2010; Thomas y Davies, 2005). De este modo, los proveedores privados y públicos son posicionados en una relación de competencia, al instalar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas basados en estándares de desempeño y resultados —por sobre procesos—, como el principal mecanismo de gestión. Esta competencia no solo es promovida en torno al cumplimiento de metas de desempeño, sino que, también, en la captación de una población usuaria de servicios públicos que es “clientelizada”, con la idea de aumentar la cobertura estatal (Shah, 2005). Con ello, lo registrado e informado por estos instrumentos de gestión pasan a ser la expresión de la acción pública, reorganizando el trabajo (Acciai y Capano, 2020; Capano y Howlett, 2020). En este contexto, el NMP se instala como la principal forma de gobierno de la acción pública, con importantes consecuencias, de tipo financieras para prestadores, y salariales y de estabilidad laboral para trabajadoras/es (Hood y Dixon, 2015; Verbeeten y Speklé, 2015).

En el caso de Chile, la instalación del NMP ocurrió tempranamente y con mayor radicalidad (Connell et al. 2009), a través de reformas impulsadas en la dictadura cívico-militar. Estas incluían la desregulación laboral y arancelaria, la privatización de la economía y una disminución progresiva del Estado, instalando uno de tipo subsidiario, al externalizar una importante parte de sus servicios (Kast, 1984). Con el retorno de la democracia, esto fue profundizado, haciéndose más evidente en campos como la salud, la educación y las políticas de desarrollo social (Fardella et al., 2016; Pavez, 2021). Este último ámbito, en específico, se caracteriza principalmente por la externalización y tercerización en su ejecución, la cual pasa a manos de organismos civiles y consultorías, mientras el Estado se limita al diseño de programas y la supervisión eficiente de los gastos. Para ello, el gobierno de turno abre licitaciones, en donde dichas entidades deben competir por el financiamiento con plazo fijo. Quien se adjudica la licitación, es luego supervisado mediante los mecanismos ya mencionados, orientados al cumplimiento de metas de desempeño (Fardella et al., 2016).

Como respuesta a los cambios de la administración pública con la implantación del modelo del NMP, en 1979 se crea el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en el cual el Estado dispuso de un sistema basado en la asignación de subvenciones a instituciones privadas para ejecutar programas de protección a la infancia vulnerada (Biblioteca del Congreso Nacional, 1979). En 2021 la institución cambia, creándose el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez, el cual contempla cinco líneas de acción: diagnóstico clínico especializado, seguimiento de casos y pericia, intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y adopción (Ley 20.032, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2022).

Transcurridos dos años desde la implementación del nuevo servicio, si bien se muestran progresos en aspectos como una mayor supervisión y exigencia de estándares de funcionamiento, se han evidenciado una serie de regresiones que no permiten asegurar un avance en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Chile (Estrada y Jara, 2023). En esta línea, a pesar de los cambios, se mantiene la estructura de la organización, por lo que la línea programática destinada a la protección de los derechos de NNA se lleva a cabo por instituciones privadas a través de la asignación de subvenciones del Estado (Ley 20.032, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2022). Este proceso de subcontratación (outsourcing) posee las características de dividir el trabajo y disminuir los costos de producción (Schöngut-Grollmus, 2017). A la vez, el Estado se desliga de la responsabilidad de los derechos laborales, incidiendo negativamente en las condiciones del trabajo y las/os trabajadoras/es (Battistini, 2018). Ejemplo de esto, es la falta de estabilidad laboral por su discontinuidad e incapacidad de establecer proyecciones a futuro, así como una ausencia de seguridad social, entre otras (Pavez et al., 2016). Asimismo, promueve la visión del trabajo orientado a objetivos cuantificables en el que prevalece el rendimiento individual y labores en base a metas. Estos requerimientos han dado réditos a las organizaciones, pero con un impacto negativo en sus trabajadoras/es (Guerrero et al., 2017).

A su vez, las lógicas del NMP promueven la incitación de competencia entre proveedores privados y públicos, teniendo como estándar para ambos la medición de resultados por medio de instrumentos de evaluación y rendición de cuentas (accountability) (Fardella et al., 2016). En el trabajo de ejecución de políticas de infancia, este sistema adopta múltiples formas dependiendo de la institución a la cual se debe rendir. El Servicio Mejor Niñez posee un instrumento de carácter informático denominado SENAINFO, los Tribunales de familia requieren informes periódicos emitidos por los equipos interventores y las corporaciones o empresas licitantes requieren que las/os trabajadoras/es mantengan carpetas con toda la información de las intervenciones. Sin embargo, este trabajo del cual se rinde cuentas no dice relación con la calidad y efectos de intervención, sino con la realización o no de actividades, registro de gastos, con sus evidencias, y cobertura de atenciones (Sisto et al., 2021). Esto afectaría directamente el trabajo de intervención, en tanto impediría realizar aquellas acciones que son relevantes para el cuidado según las/os trabajadoras/es (Schöngut, 2017). Dicho sistema pondría en juego las prácticas y sus subjetividades, generando, a su vez, una tensión entre la prescripción de los dispositivos de rendición de cuentas y su ejecución, manifestándose una encrucijada en la ética del trabajo (Fardella et al., 2016).

Los ideales del NMP han tenido una serie de impactos en el diseño y ejecución en las políticas sociales, así como en quienes actúan la política. Al respecto, se ha dado cuenta del modo en que el NMP ha operado intensificando la individualización, a la vez que ha configurado un trabajador efectivo como aquél que cumple a las metas cuantitativas instaladas (Soto et al., 2017; Stecher y Soto, 2019). Bajo la misma lógica, las evaluaciones de desempeño en el trabajo, tiene relación con ejecutoras/es de la política pública de carácter funcional, autónomas/os y productivas/os (Ball, 2003), lo que podría, según lo que plantea Akemi Nishida (2015), colaborar con la construcción de un sujeto/a que se encuentra entre la producción de vínculo con quienes atiende y/o el esfuerzo para responder a los ideales manageriales que precarizan a su contexto laboral.

Así mismo, el contexto laboral en políticas de infancia pasa a ser un espacio repleto de dilemas éticos, en donde las/os trabajadoras/es son expuestas/os constantemente a decisiones contradictorias, lo que les desafía y tensiona (Sanfuentes et al., 2016). En respuesta, surgen emociones como la rabia y la frustración vinculadas al trabajo, junto a la impotencia de realizar intervenciones con NNA orientadas a cumplir con la burocracia de los estándares a los cuales están sometidas/os (Ferrier, 2018; García-Meneses y Enciso-Domínguez, 2021; Sanfuentes et al., 2016; Stecher y Soto, 2019). La alta demanda emocional, ocasionada por la labor realizada en la acción pública en infancia bajo el NMP, genera una serie de problemas que deben ser sorteados, expresados en numerosas licencias médicas, diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, así como una alta rotación profesional (García-Meneses et al., 2022; Pavez et al., 2016). Ante esto, hay una ausencia de cuidados en el espacio laboral, en donde las/os trabajadoras/es deben lidiar de modo privado con el impacto emocional de su labor, evidenciándose la propuesta de trabajador maquínico y deshumanizado (García-Meneses y Enciso-Domínguez, 2021; Prioli et al., 2019).

Sin embargo, junto con ello, emergen también estrategias de resistencias, que tienen por objetivo —en muchos casos—, ofrecer el cuidado hacia los NNA y sus familias, fisurando las exigencias manageriales (Garcia-Meneses et al., 2022; Guglielmetti y Schöngut-Grollmus, 2019; Sisto et al., 2021; entre otros).

Robin Thomas y Annette Davies (2005) describen el modo en que ciertos procesos de resistencia emergen en los campos de acción pública en contextos en que las/os trabajadoras/es son sometidos al control del management. Los autores sostienen que la resistencia es estimulada por una serie de contradicciones entre las posiciones en que se encuentran, estando siempre en un proceso de adaptación, subversión y reinscripción de un discurso que es dominante en el sector. En ese mismo camino, las autoras Javiera García-Meneses et al. (2022; Javiera García-Meneses y Enciso-Domínguez, 2021) refuerzan que dichas resistencias aparecen en un contexto de disputa desde una ética de lo público, configurando, por un lado, un proceso de docilización a la organización del trabajo que se les impone, a la vez que optan por luchar mediante acciones que se despliegan en los intersticios del trabajo (ver también Sisto et al., 2021).

Considerando que Chile es descrito como un caso emblemático de instalación de políticas propias del NMP, con importantes consecuencias en el sentido del trabajo y las subjetividades de quienes actúan la política, resulta necesario contribuir a comprender cómo es construido o resistido el sentido del trabajo público en infancia en interacción con los instrumentos de evaluación y rendición de cuentas propios de la política. Para ello, se analizó cómo las/os trabajadoras/es construyen el sentido del trabajo público en infancia, mostrando las tensiones que emergen en su relación con la política y sus instrumentos, así como las prácticas que despliegan para dar cumplimiento a este sentido del trabajo público.

A partir del análisis organizamos los resultados en tres repertorios dominantes que dieron cuenta de las tensiones que emergen de la relación de las/os trabajadoras/es de infancia con la política y sus instrumentos, al configurar posiciones de sujeto que, en su conjunto, constituyen parte de un engranaje que termina por sostener y perpetuar una política pública altamente managerializada. La primera categoría refleja la denuncia del trabajo agobiante, dando cuenta de la tensión entre la construcción de un trabajador managerializado y el trabajador frustrado ante la imposibilidad de realizar un trabajo de calidad y con sentido. La segunda categoría, representada en la posición de sujeto que denominamos trabajador/a superhéroe, refleja un modo de administrar dicha tensión y recobrar el sentido del trabajo. Sin embargo, este sentido del trabajo se recobra a costa de una autointensificación en nombre de la vocación. Finalmente, la tercera categoría nos habla de una red vincular que entreteje las distintas posiciones de sujeto, permitiendo a las/os trabajadoras/res resistir a un trabajo vaciado de sentido, a la vez que sustenta dicho engranaje managerial.

A continuación, dichas categorías serán ejemplificadas por medio de citas representativas de cada una de ellas.

Los resultados que se levantan de nuestro estudio dan cuenta del modo en que las/os trabajadoras/es de las políticas de infancia conciben las políticas e instrumentos —que prescriben qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo—, como agobiante y poco pertinentes. Esto refleja una distancia crítica que adoptan con la política, denunciando además el daño (agobio) que genera sobre sí y sobre su quehacer cotidiano.

Como contraparte, los resultados muestran todo lo que realizan en sus trabajos más allá de lo prescrito, lo cual emerge desde su acción y relación con las/os NNA y sus familias, movilizando un sentido ético del trabajo. Dicha disputa de la ética de lo público, expresada como eje de sentido para las/os trabajadoras/es de infancia, está orientada fuertemente hacia el cuidado del otro/a, constituyéndose como uno de los principales referentes subjetivos de las/os trabajadoras/es de las políticas de infancia, en directa oposición a un trabajo orientado al cumplimiento de metas y desprovisto de sentido (García-Meneses y Enciso-Domínguez, 2021; García-Meneses et al., 2022; Sisto et al., 2021). Esto dice directa relación con lo planteado por Paul du Gay (1996), en tanto el NMP no solo demanda e intensifica la acción pública, sino que además redefine la fuerza laboral en el servicio público, impactando en sus subjetividades, al determinar lo que debe hacer y ser el trabajador.

Todo lo mencionado viene a reforzar lo planteado por Javiera Pavez (2021), quien da cuenta del modo en que el carácter neoliberal de las políticas de infancia en nuestro país no es algo estático, sino que está sujeto a acomodaciones y fracturas. Esto se ve reflejado toda vez que las/os trabajadoras/es buscan ir más allá de lo prescrito por los instrumentos, desplegándose una lucha cotidiana por subvertir la sujeción a una posición de trabajador/a managerializado.

Sin embargo, este sentido ético es desplegado a costa de sí —tiempo libre, recursos propios, fuerte despliegue de una energía emocional corporizada, entre otros—. En este contexto, las/los pares emergen como sostén cotidiano, como espacio de contención y de reforzamiento de esta actuación heroica y sacrificial individual. No obstante, a pesar de estas prácticas de resistencia que emergen en el día a día y la contención colectiva, es la posición de sujeto/a autointensificado/a la que pasa a ser parte de un engranaje mayor que, paradójicamente, permite sostener en términos prácticos una política de infancia con su precariedad e insuficiencia.

A partir de estos resultados, es urgente repensar las políticas en infancia y lo que se ha establecido como un “buen trabajo”, para que puedan reorientarse hacia lo que las/os trabajadoras/es han relevado como “lo importante”: realizar intervenciones de calidad y con impacto, más allá del cumplimiento de estándares y resultados. Aquí cobra relevancia una recuperación de la ética de lo público, toda vez que, cuando las intervenciones hacen sentido, las/os interventores tienen mayor capacidad para lidiar con las tensiones institucionales, con los obstáculos técnicos que deben sortear, así como la diversidad de criterios profesionales instalados (Campillay et al., 2023). Sin embargo, esto puede acarrear el riesgo de que la ética del trabajo quede reducido al vínculo entre usuarios e interventores, profundizando el desborde, el agobio y la intensificación al que se ven enfrentadas/os las/os trabajadores de infancia al sostener la política pública. Tal como lo plantea Vicente Sisto et al. (2021), el managerialismo y su modelo de gestión, basados en estándares de desempeño y resultados prescritos “desde arriba”, resulta impertinente como eje organizador del trabajo público. En este sentido, las políticas en infancia deben ser transformadas y reorientadas hacia formas situadas de organización, vinculada a los espacios locales de actuación, basadas en sistemas de colaboración y articulación colectiva. Esto implica validar dichos sistemas de trabajo conjunto como una voz organizada que no puede estar ausente en el diseño de las políticas públicas de infancia. Estas transformaciones precisan ser repensadas en conjunto con quienes encarnan su accionar, con un importante anclaje práctico y local, para orientarlas por sobre objetivos, normas y estándares de desempeño.

Así mismo, se presenta la necesidad de amplificar estas voces de denuncia ante un trabajo vaciado de sentido, con el fin de visibilizar la relevancia de las prácticas de resistencia y redes colectivas que, en definitiva, son las que permiten el despliegue efectivo de la acción pública con las/os NNA y sus familias. Es, finalmente, la experiencia situada de la disputa de la ética de lo público —sostenida en lo colectivo—, lo que nos entrega una clara guía hacia donde deberemos reorientar el trabajo público en infancia.

Por último, teniendo en cuenta el cambio institucional de SENAME a Mejor Niñez, se estima necesario darle una continuidad al estudio presentado. Consideramos urgente nuevas investigaciones que profundicen en la transformación de esta organización y su correlato con la Nueva Gestión Pública, así como el impacto en el trabajo de intervención a la infancia vulnerada.