La delincuencia femenina ha sido una cuestión largamente olvidada en la literatura científica (Lorenzo, 1997), ya que, tradicionalmente, el reducido número de delitos cometidos por mujeres ha justificado su ausencia en la investigación. Esta “ceguera de género” (Cecil, 2006) comienza a ser cuestionada con la aparición de la criminología feminista, que surge en el ámbito anglosajón en los años 70 ante la necesidad de crear una perspectiva teórica propia para el estudio de la delincuencia femenina (Belknap, 1996/2014; Daly y Chesney-Lind, 1988; Smart, 1977). Perspectiva que, con los años, fue trasladándose a otros contextos, incluido el nuestro (Almeda, 2003; Bodelón, 2007; Lorenzo, 2002; Ribas et al., 2005; Yagüe y Cabello, 2005), al ser adoptada por investigadoras de diversas disciplinas.

Actualmente, en España contamos con trabajos procedentes de la criminología, la sociología, el derecho, la psicología y las ciencias de la educación, que analizan los perfiles específicos de las mujeres delincuentes, profundizan en la etiología de su conducta antisocial y analizan las formas en las que se van definiendo sus trayectorias de vida (Almeda et al., 2012; Añaños-Bedriñana et al., 2019; Aristizábal y Cubells, 2017; Caravaca-Sánchez et al., 2019; Cerezo, 2017; González, 2021; Mapelli et al., 2013; Melendro, 2017; Varela, 2015).

Examinando las estadísticas oficiales de las que disponemos, en nuestro país hay, según datos de diciembre de 2021 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP, 2022), 55 097 personas reclusas, de las cuales, solamente 3925 son mujeres (7.1 %). En concreto, si atendemos específicamente a la población reclusa extranjera, encontramos que, de un total de 16 272 personas, solo 979 son mujeres (6 %).

Esta minoría numérica conlleva, normalmente, el olvido sistemático de sus diferentes perfiles en la praxis penitenciaria (Lorenzo, 2002), especialmente en el caso de las extranjeras. Sin embargo, la literatura científica ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar desde la intervención socioeducativa una serie de características y necesidades específicas, normalmente relacionadas con sus contextos sociales y económicos, con el objetivo de alcanzar una adecuada reinserción social (Van Voorhis et al., 2010).

Estas mujeres, que normalmente cometen delitos contra la propiedad o contra la salud pública (Añaños-Bedriñana et al., 2019), suelen estar social y económicamente marginadas (Van Voorhis et al., 2010; Yagüe, 2007), ya que provienen de barrios pobres de la periferia (Cerezo, 2017; Wright et al., 2012) donde están presentes la prostitución y el tráfico de drogas (Igareda, 2007). También han sufrido una infancia carente de oportunidades y sus familias son disfuncionales, multiproblemáticas y de bajos recursos socioeconómicos (Melendro, 2017).

Sus niveles educativos son mayoritariamente bajos (Jiménez y Yagüe, 2017) y disponen de una escasa cualificación profesional (Cerezo, 2017), lo que conlleva que se encuentren en situaciones de desempleo, inestabilidad económica y precariedad (De Miguel, 2014). De igual forma, su perfil profesional está ligado, en algunas ocasiones, a la economía sumergida y la ilegalidad (Melendro, 2017).

Asimismo, es común que exista una influencia multigeneracional en los procesos de delincuencia (Besemer et al., 2016; Lorenzo, 1997), ya que más del 50 % tienen a algún familiar en prisión (Añaños-Bedriñana et al., 2019). Generalmente, la persona del contexto cercano que ha estado en prisión es la pareja, aunque también destaca la presencia de algún familiar masculino (Jiménez y Yagüe, 2017).

Por otro lado, las toxicomanías y el abuso de alcohol son especialmente prevalentes en este colectivo (De Miguel, 2014; Fazel et al., 2016). En España, entre el 50 % y el 70 % de las mujeres reclusas reconoce haber consumido dentro de prisión (Añaños-Bedriñana et al., 2019; Igareda, 2007). Esto se relaciona estrechamente con la presencia de enfermedades mentales, también desproporcionadamente elevada en este colectivo (Tyler et al., 2019), predominando los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático (Caravaca-Sánchez et al., 2019).

En esta línea, se ha demostrado que hay una mayor prevalencia de enfermedad mental en reclusas con historias previas de victimización durante la infancia y la edad adulta antes de prisión (Caravaca-Sánchez et al., 2019), mayores tentativas de suicidio y un elevado consumo de alcohol y otras drogas (Fazel et al., 2016). Precisamente, la literatura apunta que las mujeres comienzan a consumir drogas como una estrategia para combatir los trastornos de depresión, ansiedad o estrés postraumático que se derivaron de abusos pasados (Saxena et al., 2014).

En nuestro país, los estudios concluyen que una buena parte de las internas ha sufrido algún tipo de abuso en la infancia o en la adultez (Villagrá et al., 2019). Como muestra, Francisco Caravaca-Sánchez et al. (2019) concluyen que el 41 % ha sufrido algún tipo de abuso en la infancia, siendo el maltrato psicológico o emocional el más frecuente, mientras que la investigación de Mapelli et al. (2013) indica que el 51 % ha sido víctima de malos tratos antes de entrar en la cárcel. Por su parte, Luz Aristizábal y Jenny Cubells (2017) sitúan el porcentaje de maltrato físico en un 92 %.

Así pues, parece existir consenso a la hora de definir las especificidades propias de las mujeres delincuentes, a la luz de los diversos factores estructurales que con frecuencia afectan a sus trayectorias e historias de vida (Wright et al., 2012). Ahora bien, si nos centramos en aquellos estudios que analizan específicamente las características de aquellas que proceden de otros países, observaremos una amplia brecha en la literatura científica, especialmente en el panorama nacional (Varela, 2015).

Ello contrasta fuertemente con la necesidad de conocer qué diferencias y semejanzas se dan en los perfiles de extranjeras y autóctonas, a la luz de las premisas aportadas por la teoría de la interseccionalidad (Crenshaw, 1989). Esta perspectiva teórica, que aquí tomamos como base para nuestro estudio, defiende que las experiencias y conductas delictivas de las mujeres vienen determinadas por múltiples formas de marginalidad simultáneas que dependen de factores como la clase social, la etnia, el género, la sexualidad o la edad (Potter, 2013).

Las investigaciones de las que disponemos concluyen que las internas extranjeras también son mujeres jóvenes con hijos/as menores de edad, encontrándose estos/as en los países de origen (Varela, 2015; Yagüe y Cabello, 2005). Su nivel educativo es superior al de las españolas, ya que gran parte posee el certificado de Educación Secundaria (Jiménez, 2015), y la mayoría estaba desempleada antes de entrar en prisión (Castillo y Ruiz, 2010).

La principal diferencia la encontramos en el tipo de delitos por el que son condenadas, puesto que, por lo general, se trata de delincuentes primarias que cometen tráfico de drogas, con condenas de más de 6 años (García de Cortázar, 2012; Varela, 2015). No obstante, se han encontrado diferencias en sus tipologías delictivas en función de la nacionalidad, si bien todavía no existe consenso sobre esta cuestión. Por ejemplo, los trabajos de Joaquina Castillo y Marta Ruiz (2010) y de Ana I. Cerezo (2017) indican que las mujeres colombianas y marroquíes cometen delitos contra la salud pública, las europeas —especialmente de Rumanía— se especializan en el tráfico de personas y en las estafas, las procedentes del continente asiático se dedican a los delitos de falsificación, y las nigerianas se centran en las defraudaciones.

También se ha evidenciado que, mientras las reclusas españolas presentan algún tipo de problema por abuso de sustancias (Villagrá et al., 2011; Yagüe y Cabello, 2005), las extranjeras apenas han consumido drogas (Acale, 2017; Jiménez, 2015) y, de haberlo hecho, se trata de drogas de menor entidad, como la marihuana o el hachís (Varela, 2015). Esto conlleva que las condenas por delitos contra la salud pública sean más largas, puesto que no se les puede aplicar el atenuante por toxicomanía (Cerezo, 2017).

Del mismo modo, dado que suelen provenir de entornos muy deprimidos, es habitual que presenten peores niveles de salud y que cuenten con un menor acceso a recursos para tratar sus problemáticas (Cox, 2012). También es frecuente encontrar trastornos de estrés postraumático, historiales de victimización, así como trastornos de ansiedad y depresión (Willingham, 2011), aunque en el panorama nacional esta cuestión todavía no ha sido lo suficientemente abordada por la literatura especializada.

Con este trabajo buscamos profundizar en el perfil de las mujeres extranjeras privadas de libertad en los centros penitenciarios de nuestro país, atendiendo especialmente a diversos factores sociales relacionados con sus carreras delictivas. Con ello, esperamos aportar un poco de luz sobre esta cuestión, defendiendo la necesaria visibilización de sus necesidades únicas, así como la adecuación de los programas de intervención desarrollados en prisión.

En la Tabla 1 indicamos las variables descriptoras de las mujeres que participaron en el estudio, correspondientes a las preguntas sociodemográficas. En primer lugar, puede observarse que, principalmente, se trata de mujeres jóvenes con hijos/as. Buena parte de ellas están solteras en el momento de ser entrevistadas (42.1 %), aunque también las hay casadas (22.4 %) o con pareja de hecho (16.4 %). La mayoría procede de Latinoamérica (62.3 %) —principalmente de la República Dominicana, Colombia y Brasil— o Europa (28.9 %) —destacando Rumanía en este caso—, y más de la mitad residía en España cuando fueron condenadas (58.5 %).

En cuanto al nivel de estudios, la mitad tiene Estudios Secundarios, el 17.1 % solo acabó la Primaria, el 15.8 % superó algún grado de Formación Profesional, y el 13.2 % posee un título universitario. Sin embargo, la mayoría (90.9 %) no estaba estudiando cuando fue detenida, porcentaje que disminuye cuando se analizan los estudios dentro de la prisión, puesto que el 60.5 % está realizando algún tipo de formación.

Por su parte, el 47.1 % de las mujeres encuestadas estaba en situación de desempleo en el momento de cometer el delito, mientras que el 31.4 % contaba con un contrato laboral y el 12.9 % trabajaba en la economía sumergida. Resulta llamativo que, de todas aquellas que en esos momentos estaban desempleadas, el 87.9 % afirma haber trabajado con anterioridad. Asimismo, el 42.8 % no disponía de ningún ingreso mensual y el 47.2 % no percibía más de 1 000 euros al mes.

En otro orden de cosas, no se trata de una población que sea consumidora de drogas, ya que solo el 12.6 % de las mujeres afirmaron haber abusado de algún tipo de estupefaciente cuando vivían en libertad (ver Figura 1). En estos casos, las drogas consumidas con mayor asiduidad son la marihuana y el hachís (50 %), mientras que las benzodiacepinas, los disolventes y el ácido o LSD son las que tomaban de forma más esporádica.

En el siguiente bloque de preguntas se engloban los datos correspondientes a los perfiles delictivos y criminológicos de las participantes. Como se indica en la Tabla 2, se trata de delincuentes primarias (95.4 %), la mayor parte de ellas penadas (61.4 %), clasificadas en segundo grado de tratamiento (82 %) y condenadas a más de 6 años de prisión (56.4 %).

Debido a la larga duración de las condenas de estas mujeres, se analizó estadísticamente si existía alguna relación entre haber cometido delitos contra la salud pública y tener una condena de más de 6 años. Como se indica en la Tabla 3, se obtuvo una asociación significativa (χ² = 19 928; p < .001).

Precisamente, la mayoría de las mujeres encuestadas están condenadas por tráfico de drogas (77.9 %), aunque también encontramos delitos contra el patrimonio, como hurtos o robos (9 %), lesiones (4.1 %) y, de forma muy minoritaria, homicidios o asesinatos (3.4 %).

En este sentido, quisimos analizar si en la muestra se cumplía la premisa de Joaquina Castillo y Marta Ruiz (2010), y Ana I. Cerezo (2017), quienes afirman que en España se da una diferencia en la tipología delictiva de las mujeres reclusas extranjeras en función de su nacionalidad. En nuestro caso, como se muestra en la Tabla 4, obtuvimos que aquellas que proceden de Latinoamérica tienden a cometer, proporcionalmente, más tráfico de drogas (χ² = 11 430; p = .003), aunque también hemos detectado unas pocas condenadas por delitos contra el patrimonio (n = 5).

Por el contrario, es en Europa y África donde encontramos una diversidad delictiva más amplia. Como muestra, aunque las europeas —Alemania, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Italia, Reino Unido y Portugal— también entraron en prisión mayoritariamente por delitos contra la salud pública, una parte de las procedentes de Rumanía lo hicieron por tráfico de personas (22.2 %), robo con violencia (16.7 %) o defraudaciones (5.6 %), mientras que las de Croacia cometieron exclusivamente hurtos o robos.

En cuanto a las nacidas en el continente africano, cabe destacar que las de Angola y Sudáfrica han cometido únicamente delitos contra la salud pública, si bien las de Marruecos han sido condenadas, además, por lesiones (20 %) o delitos contra el patrimonio (20 %), y las de Nigeria por tráfico de personas (25 %).

Por otro lado, también indagamos sobre los posibles motivos de estas mujeres para cometer el delito. Aunque no se halló ninguna asociación significativa (χ² = 3 872; p = .144), las frecuencias nos indican que la motivación más frecuente era la obtención de dinero para pagar deudas o superar dificultades económicas (68.6 %). Algunas mujeres que traficaron con drogas también manifestaron que habían sido engañadas o que alguien había introducido sustancias en sus equipajes (11.3 %). Además, de las 5 mujeres condenadas por homicidio o asesinato, 4 argumentaron que habían sido víctimas de malos tratos, mientras que una hizo referencia a su drogodependencia.

A la luz de estos resultados, analizamos si existía alguna relación entre las situaciones laborales de estas mujeres y sus motivos para el delito. Como era de esperar, no se dio ninguna asociación significativa (χ² = 2 774; p = .250), ya que sus motivaciones principales eran, sobre todo, la obtención de dinero, independientemente de encontrarse empleadas o no. Una posible explicación podría hallarse en la evidente precariedad de sus situaciones socioeconómicas: el 42.8 % de la muestra no contaba con ingresos y el 84.1 % de las mujeres que estaban trabajando no superaba los 1 000€ de ingresos mensuales.

Finalmente, se reservó una pequeña parte del cuestionario para el papel de sus parejas en sus carreras delictivas. Mientras que el 35.1 % de las participantes tenía a su pareja en prisión, el 69 % restante había cometido el delito en solitario. En la Tabla 5 se expone el análisis entre la forma de comisión del delito en función de si las parejas estaban en prisión.

Como podemos observar, si la pareja estaba o había estado anteriormente en prisión, es más probable que la comisión del delito se realizase en grupo (χ² = 14 964; p < .001). Concretamente, el 82.4 % de las mujeres que tenían a su pareja en prisión estaba cumpliendo condena por tráfico de drogas.

En primer lugar, nuestros datos apoyan los hallazgos de investigaciones anteriores como las de Francisco Jiménez (2015), Loida E. Bonney et al. (2008) o María Acale (2017), quienes demostraron que, mientras que las reclusas autóctonas presentan algún tipo de problema por abuso de sustancias, las extranjeras apenas han consumido drogas y, de haberlo hecho, se trata de drogas de menor entidad, como la marihuana o el hachís. En nuestro caso, solo el 12.6 % de las mujeres afirman haber abusado de las drogas, principalmente de la marihuana o el hachís.

Asimismo, hemos encontrado unos porcentajes que evidencian la gran precariedad a la que estas mujeres estaban sometidas antes de cometer el delito. Nuestros datos indican que el 47.1 % de ellas se encontraban en situación de desempleo, el 42.8 % no disponía de ningún ingreso mensual y el 47.2 % no percibía más de 1 000 euros al mes. En este sentido, se ha debatido largo y tendido sobre el hecho de que, si bien la mayor parte de las mujeres reclusas provienen de contextos de desventaja económica (Cerezo, 2017; Lorenzo, 2002; Wright et al., 2012), aquellas que son extranjeras sufren mucha más precariedad en sus trayectorias laborales (Varela, 2015).

Precisamente, la criminología feminista ha demostrado que la intersección entre género, etnia y clase social desencadena una serie de desigualdades múltiples (Chesney-Lind y Pasko, 1997/2013) que afectan a prácticamente todas las esferas de la vida pública y privada. Estas desigualdades, manifestadas, entre otros, en forma de precariedad y marginación socioeconómica, explican sus tipologías delictivas (Añaños-Bedriñana y García-Vita, 2017; Wright et al., 2012; Yagüe, 2007). Normalmente cometen delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), mayoritariamente, y hurtos o robos (SGIP, 2022). Se trata, en definitiva, de delitos que permiten la obtención de dinero rápido para paliar las consecuencias de las espirales de feminización de la pobreza y opresión racial en la que se encuentran (Potter, 2013).

Sin embargo, este fenómeno sorprende especialmente si tenemos en cuenta la respuesta penal que se suele dar a este tipo de delitos. En nuestro estudio, hemos encontrado que el 56.4 % de las mujeres tenían una condena de más de 6 años y que la del 17 % era de entre 4 y 6 años. Además, hemos obtenido una asociación significativa entre haber cometido tráfico de drogas y estar condenada a más de 6 años de prisión, siendo las mujeres que principalmente cometían estos delitos las procedentes de Latinoamérica (70 %).

Estos resultados coinciden con los de investigaciones como la de Gloria González (2021), quien halló que, del total de mujeres condenadas a penas de más de 5 años de prisión, el 42.9 % eran sur o centroamericanas, porcentaje muy superior al de españolas. Ello no extraña si tenemos en cuenta que España es el segundo país de la Unión Europea con más personas extranjeras en prisión (Aebi y Tiago, 2021), lo que demuestra de nuevo el impacto que han tenido las políticas de criminalización de la pequeña delincuencia (get tough policies) sobre la población extranjera (García-España, 2016; Wacquant, 2000).

A este respecto, cabe recordar que, antes de la reforma de 2010, la máxima condena para el tráfico de drogas se situaba en los nueve años (para cantidades notorias de sustancias graves, como la cocaína, la heroína o el éxtasis). Pero, además, a las extranjeras no podía aplicárseles el eximente por dependencia de sustancias tóxicas, ya que, como hemos visto, estas mujeres apenas suelen presentarla (Acale, 2017; Jiménez, 2015).

Retomando los datos sobre la procedencia de estas mujeres, analizamos su relación con la tipología delictiva. En concreto, encontramos una asociación significativa entre proceder de Latinoamérica y haber cometido delitos contra la salud pública. Por su parte, nuestros descriptivos indican que las de nacionalidad europea también se especializaban en delitos contra el patrimonio y tráfico de personas, y que entre las nacidas en el continente africano destacan los hurtos y robos, aunque una parte de las nigerianas también había entrado en prisión por tráfico de personas. Estos datos coinciden con los resultados de otros trabajos (Castillo y Ruiz, 2010; Cerezo, 2017; Wijkman y Kleemans, 2019) y nos ponen sobre la pista de las diferencias que existen en la especialización de las carreras delictivas de las mujeres extranjeras. No obstante, se trata de una línea de investigación que merece ser abordada en mayor profundidad.

Por otro lado, también obtuvimos una asociación significativa entre la forma de comisión del delito y que las parejas de estas mujeres estuviesen o no en prisión. En concreto, si la pareja estaba o había estado en prisión, resultaba más probable que la comisión del delito se realizase en grupo. Estos datos informan sobre la influencia que las parejas pueden tener en la delincuencia femenina. Gracias a investigaciones como la de Sarah Becker y Jill A. McCorkel (2011) conocemos que cuando las mujeres cuentan con uno o más compañeros criminales tienen más probabilidades de cometer cierto tipo de delitos, como la posesión o el tráfico de drogas y algunas formas de robo. No obstante, aún desconocemos en qué medida pueden influir las parejas románticas a la hora de introducirse en el mundo delictivo, especialmente en el contexto español.

En último lugar, nuestros datos apoyan la premisa del perfil menos violento de la delincuencia femenina con respecto a la masculina. Aun así, en la muestra había mujeres que habían cometido delitos especialmente violentos, caso del tráfico de personas o los homicidios. Con respecto a estos últimos, al indagar sobre los motivos que les habían conducido a ello, pronto concluimos que el género había tenido un papel clave. De las cinco mujeres condenadas por homicidio, cuatro habían asesinado a sus parejas maltratadoras.

Y es que la literatura científica ha demostrado que una parte de los asesinatos cometidos por mujeres se producen en contextos en los que se encuentran en peligro de muerte, existe algún riesgo hacia sus hijos/as, o han sido víctimas de sus parejas durante un tiempo prolongado (Kruttschnitt et al., 2008; Pizarro et al., 2010). A la luz de estos datos, podemos afirmar que esta realidad refleja las consecuencias de una problemática continuada que se ejerce en la esfera más privada, la cual debería hacernos reflexionar sobre cómo se encuentra estructurado el papel de la mujer en el contexto doméstico (Pollock y Davis, 2005).

Con este estudio hemos analizado el perfil de las mujeres extranjeras reclusas en nuestro país, lo cual nos ha permitido clarificar una serie de diferencias con respecto al perfil del resto de mujeres privadas de libertad en función de lo expuesto por la literatura especializada. Ahora bien, nuestro trabajo presenta una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta, como un tamaño de muestra reducido y circunscrito, en el caso de las prisiones con módulos de mujeres, al contexto gallego. Con todo, creemos que este estudio aporta un poco de luz sobre esta cuestión, especialmente al incluir en el análisis diversas variables sociales que suelen definir sus carreras delictivas.

Los resultados ponen de manifiesto diversas necesidades. En primer lugar, la de adecuar la respuesta penal dada su excesiva gravedad para delitos de tráfico de drogas (García-España, 2016), comenzando a considerar una utilización más generalizada de las medidas alternativas a la prisión. Es bien conocido que las grandes redes internacionales de narcotráfico no tienen entre sus jefes a mujeres, sino que estas suelen ser “peones” totalmente prescindibles que llevan a cabo el trabajo más arriesgado del proceso (Ribas et al., 2005).

Segundo, cabe reflexionar sobre las motivaciones económicas que suelen encontrarse detrás de sus delitos, ya que la mujer inmigrante que entra en el sistema penal español suele ser pobre, necesitada y vulnerable (González, 2021). Y tercero, dadas las diferencias que encontramos en las características de las mujeres reclusas, debe articularse una intervención socioeducativa diferenciada en prisión, ya no solo con respecto a la mayoría masculina, sino también con los perfiles heterogéneos que existen en el marco de la delincuencia femenina.